La erupción del volcán Puyehue aún golpea a comunidades indígenas y campesinas de la Patagonia. Mortandad de animales, discontinua asistencia estatal y falta de política para el arraigo rural.
*Por Darío Aranda
A más de un año de la erupción del volcán Puyehue, las comunidades indígenas y los pobladores rurales siguen padeciendo los efectos de la ceniza que inundó regiones de Neuquén y Río Negro. A la enorme mortandad de animales (principal sustento de las familias rurales), se suma la persistencia de la ceniza (que dificulta del crecimiento de vegetación, alimento de los cabríos y ovejas) y la sequía. La dispar asistencia estatal, empresas mineras al acecho y la ausencia de una política de arraigo rural hacen un combo que atenta contra la vida campesina e indígena.
El 4 de junio de 2011 entró en erupción el Puyehue. Toneladas de cenizas afectaron de inmediato a Villa la Angostura, la primera zona en sufrir las consecuencias. Pronto se extendió a otras ciudades del oeste de Neuquén y Río Negro: San Martín de los Andes, Bariloche y pueblos aledaños. En una región con gran incidencia del turismo, se perdió la temporada de invierno 2011 y disminuyó notoriamente la de verano. Buena parte de las crónicas periodísticas reflejaron esa caída e hicieron hincapié en la situación urbana.
La Universidad Nacional de Río Negro resumió en julio de 2011: “La potencia de la erupción del volcán Puyehue se asemeja a la de 70 bombas atómicas. Dispersó 100 millones de toneladas de ceniza, arena volcánica y piedra pómez, una cantidad comparable a la carga de 24 millones de camiones de transporte de áridos”.
A un año del desastre natural, José Quintriqueo, werken (vocero) de la comunidad Quintriqueo y de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evalúa: “Perdimos el 85 por ciento de los animales, una tragedia para mapuches y puesteros. La ayuda estatal fue escasa”.
La comunidad Quintriqueo está ubicada a 40 kilómetros de Villa la Angostura, y articula con las comunidades Paichil Antriao (en zona urbana de la ciudad) y
Kintupuray (40 kilómetros hacia el oeste de la Villa). El vocero de la comunidad explicó que la ayuda oficial fue “tardía y escasa”, sobre todo apuntó que los fardos para alimentos de vacunos y ovejas fueron “muy pocos y en mal estado”.
“El gobierno provincial recibió de Nación 20 millones de pesos pero lo distribuyó de manera injusta. A las comunidades más afectadas les llegaron 126 mil pesos. ¿Para dividir entre cuántos? Para un montón de gente”, cuestionó Quintriqueo. Explicó que ese dinero fue distribuido entre las tres comunidades mapuches (100 familias) y además seis Asociaciones de Fomento Rural (AFR). Cada AFR tiene un promedio de 30 familias (160, entre las seis).
126 mil pesos para 260 familias: un promedio de 485 pesos para cada familia.
“El gobierno provincial ahora nos ofreció armar proyectos para que nos dediquemos al turismo. No tenemos mucha expectativa ahí, no creemos que llegue algo (de dinero)”, reconoció el werken e ironizó: “Si devuelven al Pueblo Mapuche el Cerro Bayo (centro de Esquí de Villa la Angostura) podremos vivir del turismo”.
-¿Cómo están las comunidades a un año de la erupción?
-Perdimos casi todos los animales, fundamentales para nuestra vida. Y, sobre todo, por la emergencia se dejó de discutir el derecho al territorio. Ninguna de las tres comunidades tenemos el título comunitario que nos corresponde, los empresarios inmobiliarios presionan por nuestro territorio y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) sigue sin dar respuesta, con los yanaconas (indígenas traidores) que están al servicio del Gobierno”.
En Río Negro una de las zonas más afectadas fue Ingeniero Jacobacci, tradicional región del Pueblo Mapuche. El 5 de julio de 2011, el INTA Río Negro anunció que las pérdidas del sector agropecuario provincial rondarían los 100 millones de pesos y afirmó que los más afectados eran los productores familiares. Precisó que en Río Negro habían sido afectadas por la ceniza 3,9 millones de hectáreas, 1400 productores. “El 92 por ciento de los afectados son productores familiares de pequeña escala y que poseen el 49 por ciento del ganado”, destacó el organismo oficial.
Alejandro Fornasa es técnico de terreno de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, con trabajo en Jacobacci. Evalúa que el Puyehue “agudizó, aceleró y puso en evidencia problemas estructurales” que la región padece desde “muchos años”.
“Lamentablemente, o intencionalmente, la postergación de la región casi ha sido naturalizada o institucionalizada por los gobiernos de turno. Como era de esperar, ante la erupción colapsó el sistema de salud, de servicios básicos, de educación y de comunicación”, afirma y recuerda que el sistema productivo, ganadería extensiva ovina y caprina, “es sumamente frágil desde el punto de vista medio ambiental, y se rompió por todos lados”.
Remarca como agravante la sequía de siete años consecutivos, que incluso motivó que el Departamento Provincial de Agua declare la emergencia hídrica en toda la región. Precisa que en la zona existen unos 4000 productores, el 80 por ciento son familiares, en su mayoría mapuches ubicados en las tierras más escasas y de menor potencial productivo.
“La situación actual en el campo es muy complicada. La mortandad en la zona de mayor afectación ha sido en promedio del 60 por ciento, en algunos casos a las familias no les quedó nada. Se murieron casi 900.000 animales en producción, además de la mortandad de la fauna silvestre que nadie cuantifica. Como adicional, los animales que sobrevivieron han sufrido un importante desgaste dentario, producto de comer pasto con cenizas, que hace que su vida productiva se acorte”, señala.
El técnico de la Subsecretaría explica que hubo ayuda estatal en sus tres niveles (municipal, provincial y nacional), aunque fue “desarticulada” y señala que, con el paso de los meses, “gradualmente ha disminuido”. Detalla que en la actualidad se impulsan desde el Estado programas para recuperar la ganadería, proyectos para la captación de agua subterránea, mejoras del hábitat y propuestas turísticas, “pero también al mismo tiempo proponen casi como única alternativa a la minería metalífera”.
Ignacio Prafil, werken de la comunidad Fvta Anekon, a 85 kilómetros al suroeste de Jacobacci, desafía: “La ceniza sigue presente en la zona. Ahora que hablo con usted, hay viento y no se ve nada, no se puede andar. El que dice que está todo bien, que venga para acá y vea cómo estamos”.
Afirma que la mortandad de animales llegó al “75 por ciento”. Su Comunidad tenía 400 cabezas (cabríos y ovejas), le quedaron 69. Aclara que los caballos y las vacas estás muy débiles, por la escasa agua y pasturas. Las localidades más afectadas, además de Jacobacci, fueron Pilcaniyeu, Comallo, Clemente Onelli, Maquinchao y Ñorquinco, entre otras.
Con temperaturas de hasta 15 grados bajo cero, y 15 centímetros de ceniza, el invierno pasado castigó mucho más de lo habitual. Prafil recuerda que la propuesta comunitaria al Municipio y al gobierno provincial fue la reposición de animales. “No queremos plata, queremos los animales, que son nuestra forma de vida, pero aún nadie nos respondió. Si de verdad quieren ayudar a quienes vivimos en el campo, que nos den animales”, reclama.
Asegura que no hubo éxodo del campo a la ciudad, aunque sí reconoce que “es más duro” vivir en el sector rural. Y, sobre todo, remarca lo que no aceptarán: “No queremos minería a cielo abierto y tampoco queremos el gas no convencional, que son los dos espejitos de colores que nos quieren vender los políticos”.
En diciembre pasado, un colectivo compuesto por instituciones estatales, intendentes, comunidades indígenas y cooperativas agropecuarias presentaron un documento con políticas de Estado para hacer frente al desastre de la ceniza y lograr el desarrollo del lugar. “Propuesta de políticas públicas para la región afectada por sequía y cenizas”, es el nombre del plan de corto y mediano plazo (cuatro años), con precisas propuestas para detener el éxodo rural, mejorar los sistemas productivos, reparar las viviendas, fortalecer las organizaciones locales y avanzar en servicios e infraestructura.
Firmado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Río Negro, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria (Senasa), el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el Foro de la Agricultura Familiar y los intendentes de Sierra Colorada y Ramos Mexía, entre otros. Propone “revisar críticamente los sistemas productivos y el accionar del Estado” y destaca que las iniciativas propuestas se basan “en la racionalidad en el uso de los recursos naturales y humanos, y son sustentables desde lo económico, social, ambiental y cultural, aportando a un desarrollo fuertemente inclusivo”.
El documento advierte que, de no tomar medidas, “se agravará la tendencia ya existente de migración en condiciones muy precarias, abandono de los campos, presencia mayor de predadores y probable colapso del actual sistema de producción”.
El documento fue entregado a inicios de año al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; al ministro de Producción provincial, Juan Manuel Pichetto, y al Ministro de Agricultura de Nación, Norberto Yauhar. Pero aún no tuvo ninguna respuesta.
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