22/09 – 10:30 – Una gravísima irregularidad ha sido descubierta por legisladores de Río Negro, en la construcción de la represa Salto Andersen en Río Colorado. La empresa constructora, la española Isolux Corsán, que actúa también en Santa Cruz, tiene dirigiendo la obra rionegrina a un Ingeniero que no está matriculado en esa provincia, hecho que lo inhabilita por ley para certificar una obra civil.
La controvertida obra del embalse Salto Andersen en Río Colorado (Río Negro) saltó a la fama luego de ser sobrevaluada y estar pendiente un pedido del Gobernador Saiz de 54 millones de pesos más para terminar el complejo hidroeléctrico cuya construcción se encuentra a cargo de la española Isolux Corsán, la misma empresa que construye la usina termoeléctrica de Río Turbio.
Sin embargo, en medio de la contienda legislativa que se ha planteado entre los diputados rionegrinos que desconfían de los números que presentan los responsables del DPA, (Departamento Provincial de Agua), cuyos montos no conforman ni siquiera al oficialismo, apareció un hecho sumamente grave como es que el Ingeniero Civil Héctor R Reynal, responsable absoluto de la obra por encargo de Isolux, no se encuentra matriculado en Río Negro, lo cual es una violación a la ley provincial que establece éste requisito como imprescindible antes de comenzar cualquier construcción de infraestructura e inclusive, en estas condiciones, ni siquiera puede aprobar los planos de obra.
Ha sido el propio diputado Martín Soria (PJ) quien consultó al Colegio de Ingenieros de Río Negro donde le expresaron que Reynal no está ni estuvo registrado en la provincia para ejercer como manda la ley. Esto admite que ningún funcionario provincial ha verificado y controlado que el profesional cumpliera con los requisitos y que la empresa Isolux Corsán ha homologado los planos de la represa con la firma de un Ingeniero no habilitado en Río Negro para ejercer como tal.
A raíz de ello el diario Río Negro señaló palabras de Pedro Pesatti –el cual requirió esa documentación al Consejo de Ingenieros- quien señaló que “los responsables de Isolux Corsán como los funcionarios del gobierno rionegrino han infringido la ley 3198 que establece que para poder ejecutar o dirigir obras en nuestra provincia el profesional debe estar debidamente matriculado en el respectivo Consejo profesional“.
Dijo que esto es “parte de la lógica que rodea toda esta multimillonaria estafa“, en alusión a la construcción de la central de Salto Andersen. Afirmó que la obra “sólo se justifica en la voracidad de los que están involucrados en su ejecución para llenarse los bolsillos con los dineros públicos”.
La licitación 01/05 comenzó con un monto aproximado a los 22 millones de pesos; luego se le sumó más de 40 millones más y últimamente desde el gobierno de Saiz procuran ampliar la cifra por 54 millones más, lo que llevaría a la obra a un total de aproximadamente 120 millones de pesos sin que hasta el momento se pueda presumir concretamente cuándo van a terminarla.
La resistencia en la Cámara de diputados de Río Negro es tal, que el gobernador amenazó con que si no se aprueba el gasto, sacará dinero de otras partidas para terminar la represa, lo cual restaría posibilidades de ejecutar obras públicas, mantenimiento de escuelas, carreteras y construcción de viviendas. Este apuro por lograr los fondos hace sospechar a los legisladores de la oposición y muchos del oficialismo de que hay una enorme corrupción detrás de esta poco clara acción y culpan a todos los actores involucrados, es decir, al gobierno provincial, a la empresa Isolux Corsán, a los gerenciadores del DPA y funcionarios políticos que presionan por obtener la ampliación de fondos, toda vez que las sospechas se amplían cuando se menciona en medios de Bariloche, que Horacio Masachessi debió reconocer que es Director Ejecutivo de Isolux Corsán y los rionegrinos desconfían de esa relación y de las vinculaciones y tráfico de influencias que hayan podido existir a la hora de la adjudicación de la obra, ya que de tres oferentes la única empresa que se presentó fue la española, cotizando el doble de los que figuraban en los pliegos y aún así fue la beneficiada. La obra no se terminó, los tiempos de ejecución no se cumplieron y sin embargo el gobierno provincial y sectores políticos de Río Negro presionan para sacar un endeudamiento de 54 millones sin que se haya aclarado en qué se gastaron los fondos que se utilizaron hasta el momento. (Agencia OPI Santa Cruz)
http://www.opisantacruz.com.
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