ECONOMIA › DENUNCIA JUDICIAL POR EL TRASPASO DE CUARENTA MIL HECTAREAS EN RIO NEGRO
Ventas de tierras bajo sospecha
Una fiscal imputó penalmente a funcionarios de la provincia y a un grupo de empresarios por operaciones inmobiliarias con tierras fiscales. Entre los compradores figuran el inglés Joe Lewis y Marcelo Mindlin, quien negó las acusaciones.
Por Sebastián PremiciLa investigación sobre irregularidades en la venta de tierras en Río Negro entró en su etapa judicial. La fiscal de Viedma, Daniela Zágali, imputó penalmente a los funcionarios provinciales Juan Acattino, ministro de Producción; Jorge Belacin, subsecretario de Tierras, y Daniel Tait, director de Tierras, por operaciones que abarcan aproximadamente 40.000 hectáreas de tierras fiscales. Según la denuncia, las distintas transacciones inmobiliarias beneficiaron a empresarios extranjeros, como el inglés Joe Lewis –dueño de la estancia Lago Escondido, con más de 11.000 hectáreas– y nacionales, como Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y la hidroeléctrica Lago Escondido. Los otros imputados son José Luis Martínez Pérez, presidente de la estatal Empresa Forestal Rionegrina (Enfor), encargado de intermediar ante Lewis, y el propio Mindlin, dueño de tres campos por 19.000 hectáreas, adquiridos a través de dos intermediarios vinculados con la familia Van Ditmar, un operador inmobiliario que trabaja para Lewis.
“Las denuncias involucran miles de hectáreas, que por la acción decidida de la autoridad de aplicación terminan en manos de grupos empresarios e inversores que nada tienen que ver con los intereses productivos y sociales de las poblaciones y habitantes de las áreas rurales de la provincia”, señaló a Página/12 Luis Bardeggia, legislador provincial del bloque Foro Rionegrino, uno de los denunciantes en la causa. Según el legislador, los funcionarios del gobierno de Miguel Saiz no estarían cumpliendo los alcance de la ley provincial de tierras, que dice que los campos fiscales “sólo podrán ser revendidos luego de cinco años de su ocupación”. Además, una persona no puede ser propietaria de más de un inmueble. Tampoco se cumplirían las restricciones fijadas por la ley de seguridad de frontera.
La última denuncia realizada por Bardeggia y su compañero de bloque, Luis Bonardo –incluidas en la imputación de la fiscal–, comprende tres inmuebles rurales: el principal abarca 14.689 hectáreas y otros dos son de 3700 hectáreas y 815. Los compradores son Uberfil Carrillanca y Miguel Guajardo, en el primer caso, y Miguel Menegazzo Cané, en los otros dos. Según el registro catastral, los tres inmuebles rurales están en el mismo lugar, y conforman una zona rural común. Después de transcurrido no más de dos años de la adjudicación original, los tres campos fueron revendidos a Marcos Marcelo Mindlin, quien se transformó en propietario de un área rural común de 19.279 hectáreas.
El intermediario de la operación, Uberfil Carrillanca, fue empleado de Van Ditmar Patagonia y Asociados (entre 2006 y 2010), con un sueldo de 2719 pesos, según los registros de la Anses. Por otro lado, Cané es socio de Van Ditmar en la Estancia del Foyel desde 1999, según Bardeggia.
Por esta operatoria, la fiscal de Viedma sólo imputó a Mindlin. “En 2009 adquirí dos propiedades en Río Negro, como parte de mis inversiones personales. En ambos casos compré de buena fe a personas físicas que eran titulares de las mismas, no habiendo efectuado jamás negociación alguna con la provincia de Río Negro. Los asesores legales y escribanos que fueron contratados para las operaciones me confirmaron que no existía restricción alguna para dichas compras por mi parte”, manifestó a Página/12 el titular de Pampa Energía y agregó: “Respecto de una de las dos propiedades, debía darse un derecho de preferencia previo a la provincia, requisito que fue cumplido sin que la misma hiciera opción de ese derecho”.
El dueño de Pampa Energía también es propietario de la hidroeléctrica Lago Escondido, que funciona dentro del campo de Lewis. Sin embargo, voceros del empresario indicaron a este diario que el proyecto “está frenado”.
El otro imputado por la fiscal de Viedma es José Luis Martínez Pérez. En febrero de 2006, el gobierno provincial le adjudicó un predio rural de 329 hectáreas, que fue revendido en diciembre del mismo año a Nicolás Bernardo Van Ditmar, que realizó dicha operación por “gestión de negocios y con dinero de y para Hidden Lake”, propiedad de Lewis. La fiscal también apunta a otra venta de más de 10.000 hectáreas, cuya beneficiaria final fue Ana María Trianes, cónyuge de Martínez Pérez.
El instrumento central que utiliza Zágali para llevar adelante la imputación es la ley de tierras provincial, que tiene más de treinta años y que fue incluida recientemente en un nuevo digesto jurídico de la provincia. Las maniobras apuntarían a una presunta defraudación contra el Estado provincial.
Según el Ministerio de Producción, “la norma (la ley de tierras) cayó en desuso”. Página/12 intentó comunicarse con Accatino, pero desde su oficina indicaron que “no está emitiendo opinión sobre el tema hasta tanto no sea notificado por el juez”.
05 de julio de 2011 | Policiales y judiciales | Investigación
Imputan penalmente a funcionarios por irregularidades en el manejo de tierras fiscales
El ministro de Producción, Juan Accatino, el subsecretario de Tierras, Jorge Belacín, el director de Tierras, Daniel Tait, y el abogado y empresario José Luis Martínez Pérez, fueron imputados por la fiscal Daniela Zágari en el marco de la investigación por el manejo de 40 mil hectáreas de tierras fiscales. La adquisición a precios irrisorios de los lotes y su posterior venta, así como la acumulación de tierras en pocas manos a través de maniobras de tercerización, fueron objetadas por la fiscal.
El manejo de tierras fiscales del gobierno provincial fue cuestionado duramente por la Fiscal de Viedma Daniela Zágari, quien imputó a un grupo de funcionarios y a un privado el desarrollo de supuestas irregularidades en la compra y venta de esos lotes. Puntualmente, la fiscal avanzó sobre las maniobras que involucran unas 40 mil hectáreas en la zona andina de la provincia. Se trata de la investigación abierta a partir de una denuncia efectuada por el legislador del bloque Foro Rionegrino, Luis Bardeggia.
En su imputación, Zágari entendió que las transacciones beneficiaron la concentración de tierras en manos del magnate inglés Joe Lewis -propietario de Lago Escondido- y el empresario argentino Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía que desarrolló y administra la obra hidroeléctrica en el río Escondido. Lewis cuenta con más de 11 mil hectáreas, y Mindlin con 19 mil, según la documentación de la que da crédito la representante del ministerio Público fiscal.
En el caso de Martínez Pérez, la fiscal criticó su participación como ex Presidente de la empresa con capitales estatales forestal (EMFORSA), señalándolo como intermediario de las operaciones, y cuestionando la información privilegiada con la que contaba por su cargo en la firma.
La denuncia realizada por Bardeggia apuntaba a determinar si los funcionarios provinciales inclumplían los términos de la Ley de Tierras, que impone un plazo de cinco años para la reventa de tierras fiscales adquiridas por algún privado; así como impone límites a la concentración de lotes.
El diario Página/12 publicó hoy la noticia sobre la decisión de la fiscal, y recordó que la última denuncia realizada por Bardeggia “comprende tres inmuebles rurales: el principal abarca 14.689 hectáreas y otros dos son de 3700 hectáreas y 815. Los compradores son Uberfil Carrillanca y Miguel Guajardo, en el primer caso, y Miguel Menegazzo Cané, en los otros dos”. Pero “según el registro catastral, los tres inmuebles rurales están en el mismo lugar, y conforman una zona rural común. Después de transcurrido no más de dos años de la adjudicación original, los tres campos fueron revendidos a Marcos Marcelo Mindlin, quien se transformó en propietario de un área rural común de 19.279 hectáreas”.
Carrillanca fue empleado de Van Ditmar Patagonia, propiedad de Nicolás Van Ditmar, administrador de Hidden Lake, de Joe Lewis.
Estas triangulaciones fueron cuestionadas por la Fiscal. Zágari apuntó fundamentalmente a que se determine si, tal como existe presunción, los terrenos fiscales fueron vendidos a los precios promocionales de la legislación de Tierras, mientras que, pocos meses después, fueron revendidos a precios de mercado o tendiendo a la concentración en manos de un mismo grupo empresario. (ANB)
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