Como una forma más de ahondar la brecha entre las zonas privilegiadas por la naturaleza y el paisaje de alto valor natural y comercial, atractivo de inversores inmobiliarios, y las áreas “sacrificables”, postergadas, empobrecidas, históricamente abandonadas a su suerte para conseguir la expulsión de sus comunidades, nos enteramos que para no seguir contaminando los lagos, nacientes de cuencas provinciales, la decisión del gobierno de la provincia es no seguir ampliando la gran planta de tratamiento de Bariloche, sobre la costa del Nahuel Huapi. En lugar de ello, se impulsará la instalación de pequeñas plantas, previendo infiltración en el suelo, para dejar de llamar a los lagos “cuerpos receptores”. Esto es lo que venimos exigiendo hace muchos años desde las organizaciones y asambleas por la sanidad de la cuenca de toda la provincia, y resulta auspicioso que por fin hayan decidido escucharnos.
Pero encontramos una incoherencia malintencionada en el hecho de que, por un lado se decida no seguir degradando el producto en el cual habrían invertido recientemente conspicuos inversores. Mientras que, por el otro lado, se permite la explotación de la mega minería con sustancias tóxicas, y con uso de millones de litros diarios de agua, con su consecuente contaminación, en una zona sin el valor inmobiliario atractivo para sus fines de lucro, donde la población es más reducida.
Es en la zona donde el agua es más escasa, donde es más imprescindible cuidarla para mantener viva a una comunidad que depende de esos mínimos depósitos de aguas fósiles para subsistir. De ahí la gravedad de la resolución del DPA, de fecha 5-03-12, autorizando el uso de aguas subterráneas del pozo PW20 para la mina de Calcatreu (Expte. 77909-DGRH-06). La cuenca fue objeto de estudio por parte del geólogo Auge en agosto de 2006 con fondos del Consejo Federal de Inversiones, quien claramente estableció que para no alterar el flujo subterráneo natural no debe extraerse más de 1.250m3/d ó 15 litros/segundo, menos del consumo diario de Jacobacci. Esta resolución es una de varias autorizaciones del DPA, que en este caso autoriza a la minera a utilizar 51.600 m3 , lo que se sumaría a las otras otorgadas anteriormente.
La conclusión es que las instituciones estatales están al servicio de los capitales extranjeros, para cuidar la inversión de unos pocos, sacrificando la vida y el futuro de quienes están fuera del Departamento Bariloche
Quizás sea ésta la última oportunidad que tenemos para defender el agua, y si avanzan con proyectos que amenazan destruir reservorios milenarios y frágiles cuencas sumamente vulnerables, ya no vamos a tener por qué luchar. Defender el agua para todos es nuestro derecho y nuestro deber, para la vida actual y para las generaciones futuras, antes de que sea demasiado tarde.
ORGANIZACIONES Y VECINOS AUTOCONVOCADOS DE BARILOCHE
BARILOCHE, 27 DE MARZO DE 2012
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