El Acuerdo Federal Minero firmado por los gobernadores de las provincias mineras que constituyen la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), es el resultado del autismo que ha caracterizado al gobierno nacional y a los gobernadores que comparten las políticas del saqueo. Representa además, cierto grado de subordinación, disciplinamiento y alineamiento con el gobierno central.
Las movilizaciones populares a lo largo de todo el país han demostrado que el modelo extractivo basado en la explotación minera a gran escala con uso de sustancias toxicas es abiertamente rechazado por sus consecuencias sociales, económicas, ambientales y culturales. ¿Qué parte del NO, no entiende el gobierno provincial y el nacional? Ya hay consecuencias nefastas en nuestro país, no hace falta ir muy lejos; aun así, los gobiernos provinciales y el nacional se exponen a una mayor cantidad de focos de conflictividad.
El OBSERVATORIO DE CONFLICTOS POR LOS RECURSOS NATURALES registró el año pasado 17 conflictos a lo largo del país relacionados con la actividad de la megamineria. Hoy ya se encuentran muchos más, no solo en donde se asientan las mineras, sino en otros lugares. Las asambleas y distintas organizaciones sociales han demostrado un conocimiento amplio de las consecuencias sociales, ambientales, culturales y han dado testimonio de la violación de derechos humanos, ambientales y colectivos que trae aparejada esta actividad extractiva.
La contaminación registrada en Jachal (San Juan) por el proyecto Veladero, en Ranchillos -Tucumán- con concentrados provenientes del yacimiento Bajo la Alumbrera, conflictos en Catamarca, también en la Rioja, solo son algunos ejemplos.
El caso Abra Pampa, un pueblo de unos 14 000 habitantes en Jujuy, evidencia los daños en la salud, las adolescentes de 16 años parecen tener solo 9, según se ha denunciado. “Se debe al proyecto minero de la empresa Metal Huasi, el cual dejó huellas profundas en los pueblos aledaños. Así, 25 años después del abandono de esta explotación de plomo, quedó una montaña de escoria de unas 10 000 toneladas de metal, que sigue contaminando el aire. En 2007, un estudio de la Universidad de Jujuy reveló que el 81% de los niños de este pueblo tiene plomo en la sangre en cantidades dañinas para su salud…”, así refiere parte del Estudio de Juliette RENAUD, asesora del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (Julio 2008).
Según el mismo trabajo de investigación, la localidad de Santa María (Catamarca) perdió el 40% de su agua y el 70% del sector agropecuario de este departamento dejó de producir por falta de agua. Por la contaminación del agua y el pasto se enferman o mueren animales de cría y también se afecta a los alimentos que se derivan de los animales, como son la leche y la carne.
Odarda acompaña a las organizaciones sociales y asambleas en el definitivo rechazo de este acuerdo y en la propuesta de volver a la protección que brindaba la ley anticianuro 3981, derogada en diciembre pasado. (CC/ARI)
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