“Si el comienzo de la explotación de oro con cianuro dependiera de su intervención, cuando las respuestas a esos informes lleguen a manos del Defensor del Pueblo, la mega minería en nuestra provincia SERA YA una realidad irreversible”, indicó Magdalena Odarda,diputada provincial del Bloque Progresista CC-ARI.
El Defensor del Pueblo de Río Negro, Gustavo Casas, remitió a la Legisladora del Bloque Progresista CC-ARI, Magdalena Odarda, la resolución mediante la cual se avoca a entender en la queja sobre la cuestión minera con uso de agua mezclada con tóxicos en la provincia pero, previo a dictaminar sobre las consecuencias nocivas para la salud y el medio ambiente de este tipo de industria minera metalífera a cielo abierto, ordena una larga lista de requerimientos a diferentes organismos y profesionales.
Ante esto, Odarda señaló: “Lamentablemente no hay garantías de independencia de Casas respecto al gobierno actual que promueve la mega minería contaminante. Como le es imposible evitar avocarse a la cuestión que está generando un amplio debate en la sociedad rionegrina, elegió el camino que implica dilatar lo máximo que se pueda la definición con sendos pedidos de informes sin plazos para ser respondidos”.
Cabe recordar que Magdalena Odarda, solicitó hace unos días a Gustavo Casas su intervención ante la inminente aplicación de la ley 4738 aprobada en diciembre del 2011, luego de la derogación de la ley 3981 que prohibía el uso de cianuro y mercurio en el proceso de extracción, explotación o industrialización de minerales metalíferos.
También, Odarda cuestionó: “Si el comienzo de la explotación de oro con cianuro dependiera de su intervención, cuando las respuestas a esos informes lleguen a manos del Defensor del Pueblo, la mega minería en nuestra provincia SERA YA una realidad irreversible”.
“Una de las razones de este comportamiento del Defensor del Pueblo, que requiere de tantos informes para dictaminar que la aplicación de ley 4738 resulta regresiva en materia de derechos humanos, de derecho indígena y del derecho de todos a un ambiente sano y libre de contaminación, se relaciona precisamente con el hecho de que los órganos de control están en manos de allegados al gobierno de turno. O sea que no hay garantías de independencia respecto al gobierno actual que promueve la mega minería contaminante”, detalla la parlamentaria.
En ese sentido agregó: “Por lo tanto se encuentra condicionado en cumplir con el mandato constitucional de defender al pueblo de Río Negro frente a las graves consecuencias sociales y ambientales que trae aparejado, sobre todo en lo que se refiere al uso indiscriminado del agua mezclada con tóxicos que requieren las distintas etapas del proceso minero a gran escala de oro, plata y uranio, entre otros”.
Odarda, además menciona que el arquitecto Casas fundamenta la resolución indicando que el tema “no resulta de competencia de la Defensoría a su cargo” cuando señala que “además la ley 4738, dispone la creación de un Consejo ambiental en el ámbito de la Subsecretaría de Hidrocarburos, con funciones, competencias y procedimientos que necesariamente debe ser reglamentados por el Poder Ejecutivo. Esta falta de reglamentación inhibe temporalmente a este organismo de pronunciarse acerca de la cuestión antes planteada. Previo a expedirme sobre el planteo formulado, creo conveniente efectuar consultas técnicas a organismos nacionales y especialistas en la materia, ajenos a la órbita del Estado Provincial. Es relevante conocer la opinión de los habitantes de los lugares donde se desarrollará la explotación minera”, agrega el Defensor del Pueblo rionegrino.
Es así que la Defensoría finalmente resolvió: “avocarse al conocimiento del caso planteado en la presentación obrante a fs. 01 y siguientes; requerir informes a modo de colaboración a las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería de la Nación; efectuar consultas profesionales a especialistas en derecho constitucional, ambiental y de minería; requerir informes a la Dirección de Estadísticas y Censos y a los Municipios de la Región Sur acerca del éxodo poblacional en dichas localidades los últimos 5 años”.
También, el Defensor del Pueblo resolvió, en virtud de la solicitud de intervención de la Legisladora del Bloque Progresista CC-ARI: “requerir informes a modo de colaboración a los pobladores de la Región Sur (intendentes, representantes de los pueblos originarios, cámaras de comercio e industria, entre otros) acerca del impacto que traería la explotación minera sobre las economías alternativas sustentables”.
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