Fiscal federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez es una "rara avis" en el Poder Judicial argentino, al que cuestiona en materia de estilos, procedimientos, eficiencia e incluso en lo concerniente a actitudes personales de magistrados y funcionarios al asumirse en la gestión.
Nacido en la Patagonia, comenzó a trascender hace algo más de dos décadas cuando, como fiscal federal de Chubut, comenzó a investigar el empetrolado de 17.000 pingüinos, una causa que lo convirtió lentamente en flagelo de las empresas que sistemáticamente violan fauna y medioambiente. Direccionado a convertirse en especialista en Derecho Penal Ambiental, hoy en Tucumán lleva adelante más de un centenar de causas por violaciones al medioambiente y la calidad de vida. Suma a esto un protagonismo decidido en causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura. En ese marco, le tocó detener y acusar al general y asesino Domingo Bussi. El próximo fin de semana estará en Neuquén, en el marco de un seminario sobre megaminería. Antes de su viaje, habló con "Río Negro".
–Usted coincide en el descrédito actual del Poder Judicial, ante las demandas insatisfechas. ¿Cuál es el núcleo de estos problemas?
–Con independencia de cuestiones sistémicas, el problema central es que abundan los jueces y fiscales que no trepidan en ponerse del lado de lo más poderoso y no del lado de lo más justo.
Ese desequilibrio de conductas que conlleva dejar de lado la aplicación de justicia está llevando a que el sistema toque fondo de frente a las necesidades jurídicas.
–Una de las críticas tiene que ver con formas y estilos –imposturas, carencia de decisión, etcétera– con que se asumen jueces y fiscales no bien asumen sus cargos. "Bronce" le llama un miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su percepción?
–No tengo percepción, es así. Por supuesto que no puedo generalizar. Pero el cuarto de siglo que llevo en el Poder Judicial me ha demostrado que funcionarios judiciales que antes de ser designados fiscales o jueces eran sencillos, nada vanidosos, cambian diametralmente la personalidad no bien ascienden a cargos de decisión, mudan. Abandonan mucho de su pensamiento en materia de justicia, se tornan vanidosos y temerosos. Y este temor los alienta a atender teléfonos que nunca suenan.
–¿Los teléfonos del poder?
–Exactamente. Viven tensamente la posibilidad de un llamado del poder; aunque el poder no los llame, ellos saben que está, los observa. Entonces jueces y funcionarios se mueven bajo estímulo de una poderosa autocensura.
–¿Cómo define ese teléfono frente a la sociedad, a las necesidades jurídicas insatisfechas?
–Como la impunidad. El poder vigila.
–Cuestión orwelliana en "1984"…
–Algo de eso hay. Y el juez o fiscal que se le atreve al poder, va de suyo que hablamos del poder fundamentalmente donde éste se expresa sin límites, bueno… se queda muy solo. Hace un tiempo, ante una pregunta que me hizo "La Nación" sobre cuál era el margen que tenía un fiscal para "investigar seriamente al poder", le respondí que ninguno. Por supuesto que puede sorprender que un fiscal –para el caso, yo– lo reconozca. Por supuesto que yo no me doy por vencido. En el norte, en tanto especialista en Derecho Ambiental, tengo cerca de un centenar de causas contra empresas que violan el medioambiente, la vida, todo lo que uno se pueda imaginar. En el marco de mi jurisdicción como fiscal federal, tengo a Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca... bueno, tengo el caso de Minera La Alumbrera, que contamina en termas y en muchas direcciones. Contaminación probada terminantemente. La causa se inició en el 98 y todavía no fue a juicio. Machaco y machaco siempre: la impunidad con que opera el poder sólo puede ser vencida vía protagonismo firme y decidido del Estado –el caso de los derechos humanos, por ejemplo– o con el protagonismo decidido, firme, elocuente, de la gente, respaldando a este juez o a aquel fiscal que también estén decididos a enfrentar la impunidad.
Demoras y manipulación
–¿Por dónde se demora una causa?
–Por el lado de la política y de niveles de la propia Justicia, claro. En Tucumán, por caso, La Alumbrera construyó el Hospital de Niños. Son provincias donde, además, un fiscal debe enfrentar otra realidad: los jueces de primera instancia son generalmente suplentes, colocados en esa gestión por el poder político, a dedo. Huelga señalar en qué marco de independencia se mueven...
–En el caso de La Alumbrera usted manifestó su decepción por el hecho de que Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, reciba el Premio Honoris Causa de la Universidad Nacional de Tucumán dejando de lado el rol de aquella empresa en el financiamiento de esa universidad. ¿No cree que hay independencia entre el reconocimiento a un saber y ese respaldo económico?
–No puede haberla. Y para el caso le digo que también me decepcionó el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti. La plata que La Alumbrera dona a la Universidad de Tucumán, que alcanzó a los 80 millones de pesos, es plata obtenida a costo de mucha entrega de salud por parte de tucumanos y santiagueños. Ellos tendrían que haber merituado su actitud.
–Pero ¿a usted Zaffaroni no le agrada mucho?
–No se trata de agradar o no agradar. Lejos estoy de negarle formación. Pero sí cuestiono que suela reflexionar desde un lugar fundado en cierta soberbia o vanidad, que abunda mucho en el sistema judicial argentino; por ejemplo, cuando se opone al juicio por jurados. Rechaza ese nivel desde un argumento que tiene debilidades: la gente que integra un jurado no tiene formación en derecho. Pero deja de lado algo que para mí es esencial: en el juicio por jurados no priman saberes en derecho sino que, como lo demuestran la tradición, el arraigo y la eficiencia que tiene ese sistema en Estados Unidos, se limita a establecer culpabilidad o no sobre un hecho que el jurado reflexiona desde el sentido común. En su argumentación, el doctor Zaffaroni coincide con el poder político y económico que también se opone al juicio por jurados por razones de formación de la gente... el poder siempre prefiere una Justicia despejada de la opinión de la gente, le es más fácil transar con un juez y un fiscal que con un jurado, que puede reflexionar desde un sentido social, cultural, etcétera, más amplio, más complejo de presionar, y es un conjunto con debate interno sobre lo que trata.
–¿La Argentina debe marchar hacia el juicio por jurados?
–Absolutamente. Está legitimado incluso desde nuestra tradición constitucional. Y ¿sabe? El juicio por jurados resuelve, no demora... y la demora en la Justicia afecta libertades, la aplicación del derecho, o sea, a la justicia que espera un ciudadano.
–En un estudio publicado en estos días, el Cippec destaca que el sistema judicial argentino está signado por la lentitud y la burocratización, acostumbrado a procesos inquisitivos, despreocupado de la ineficiencia de sus decisiones. En términos económicos, ¿qué le dice su experiencia en lo concerniente a este diagnóstico?
–Primero, diagnóstico acertado. Tiempo atrás me invitaron a hablar en la Cámara de Diputados de la Nación. Tema: el trámite de expedientes. Ahí quedó claro que, teniendo en cuenta la cantidad de causas penales que ingresan en un juzgado de primera instancia de la Capital Federal y la cantidad de audiencias penales que se hacen en los tribunales orales federales de la Capital Federal, en ningún caso las resoluciones superan el 10% anual. O sea, el 90% no llega a ser juzgado en juicio oral y público.
–Un dato: según el Cippec, en la Capital Federal había acumuladas a diciembre del 2010, contemplando todos los fueros, 490.501 causas...
–En ese marco, en lo concerniente al fuero penal el estancamiento de causas es impresionante. Esto demuestra que la oralidad como rango para un proceso penal es una utopía. Pero esta demora, estancamiento, etcétera, habla de que la millonaria inversión que se canaliza al sistema judicial no tiene resultados positivos. Mire, cuando yo inicié mi fiscalía en Tucumán, en el 2001, había tribunales orales que en todo el año no habían hecho un solo juicio oral, tribunales que al Estado le cuestan más de 1.500.000 pesos. El Poder Judicial argentino paga, además, los mejores sueldos del Estado, tienen un mes y medio de vacaciones sea cual fuere la antigüedad... un recién ingresado ya goza de ese beneficio. Y, además, los jueces no pagan el Impuesto a las Ganancias. Caro y fracaso, eso es lo que define al sistema judicial argentino.
–¿Usted está en contra de que no paguen Ganancias?
–¡Por supuesto! Y por estar en contra renuncié a la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional luego de muchos años de integrarla. La aceptaron pero rechazaron mis argumentaciones. Tengo la convicción de que un servidor público, como lo es un juez o cualquier miembro del Poder Judicial, no puede tener más de lo que recibe vía su mandato, el valor de lo éste significa. Le cuento algo: cuando llegué a Tucumán me informaron que era cultura, decisión, que estuviera custodiado por cuatro efectivos de la Federal. Me pareció insólito, era un despropósito, como lo es que en Tucumán más de la mitad de los efectivos de la Federal estén asignados a custodias de funcionarios federales.
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